Balance social según la Resolución Técnica N° 36 (RT 36)

Cuando escuchas «balance social», quizás imaginas un documento voluntario lleno de buenas intenciones. Pero en Argentina, desde 2012, existe una norma contable profesional que lo define con precisión técnica: la Resolución Técnica 36 de la FACPCE. Si te acercas a la contabilidad social por primera vez, entender esta norma te da una base sólida para comprender cómo las organizaciones miden y comunican su impacto real en la sociedad.

¿Qué es el balance social según la Resolución Técnica N° 36?

El balance social es un instrumento contable que permite medir, evaluar e informar el desempeño social, ambiental y económico de una organización de forma sistemática y verificable. En Argentina, la Resolución Técnica N.° 36 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) es la norma que fija los criterios técnicos para prepararlo y presentarlo ante terceros, otorgándole un marco profesional concreto.

Antes de esta resolución, muchas organizaciones elaboraban informes sociales con formatos muy distintos entre sí, lo que dificultaba compararlos o verificarlos. La RT 36 vino a ordenar ese panorama al establecer una estructura uniforme basada en estándares internacionales, sin perder de vista la realidad del contexto argentino. Así, el balance social pasó de ser un documento libre a convertirse en un informe con reglas claras y requisitos definidos.

Origen y contexto normativo de la RT 36

La RT 36 fue aprobada por la Junta de Gobierno de la FACPCE el 30 de noviembre de 2012, en la ciudad de Carlos Paz, provincia de Córdoba. Su vigencia comenzó para los ejercicios iniciados a partir del 1.° de enero de 2013, aunque se admitió su aplicación anticipada desde la misma fecha de aprobación. Esta norma nació para dar respuesta a una realidad evidente: las organizaciones venían emitiendo balances sociales con formatos muy dispares y sin criterios técnicos unificados, lo que afectaba la credibilidad y comparabilidad de esa información.

El proyecto que le dio origen fue el Proyecto de Resolución Técnica N.° 23, aprobado en abril de 2011. Tras un proceso de consulta y revisión, ese borrador evolucionó hasta convertirse en la RT 36 que conocemos hoy. Desde entonces, la norma fue modificada en 2016 mediante la Resolución Técnica N.° 44, que actualizó la sección vinculada a los criterios de aplicación de los estándares GRI para adaptarse a las versiones más recientes de esa guía internacional.

Relación entre la RT 36 y la RT 16

La RT 36 no funciona de forma aislada. Su preparación debe cubrir los requisitos enunciados en la Resolución Técnica N.° 16, que establece el Marco Conceptual de las Normas Contables Profesionales. Esto significa que el balance social debe reunir los mismos requisitos de calidad que cualquier estado contable formal: pertinencia, confiabilidad, comparabilidad e integridad de la información. La RT 16 actúa como el sustento técnico sobre el que se apoya todo el edificio normativo del balance social.

Objetivo de la resolución técnica 36

El objetivo de la RT 36 es establecer criterios para la preparación y presentación del balance social, de manera que la información exteriorizada sea completa, relevante, comparable y verificable.

Más allá de esa definición técnica, el objetivo de fondo es doble. Por un lado, busca que las organizaciones puedan demostrar cómo contribuyen —o cómo inciden negativamente— en las tendencias económicas, sociales y ambientales de su entorno. Por otro, busca que esa demostración sea creíble: no alcanza con que una empresa diga que actúa de forma responsable; la información debe ser periódica, consistente y respaldada por criterios profesionales que permitan a terceros evaluarla con objetividad.

Estructura del balance social en la RT 36

La RT 36 organiza el balance social en dos componentes claramente diferenciados: uno cualitativo y otro cuantitativo. Esta distinción no es menor, porque cada parte responde a una lógica diferente y utiliza criterios de elaboración distintos. Conocer la estructura del balance social que establece la norma es el primer paso para entender qué debe contener este informe y cómo se articula internamente.

La memoria de sustentabilidad (parte cualitativa)

La memoria de sustentabilidad es la parte cualitativa del balance social. Para su elaboración, la RT 36 remite directamente a las guías del Global Reporting Initiative (GRI), el organismo internacional que estableció el estándar más utilizado en el mundo para reportar información no financiera. Esta remisión es deliberada: la norma no reinventa un modelo propio, sino que adopta el marco GRI y lo integra al sistema contable profesional argentino, garantizando alineación con las prácticas internacionales.

La memoria recoge indicadores cuantitativos y cualitativos organizados en torno a tres grandes dimensiones: económica, ambiental y social. Cada dimensión tiene categorías específicas y, dentro de ellas, indicadores concretos que permiten hacer un seguimiento de la evolución del desempeño a lo largo del tiempo. Para facilitar la comparación, la norma exige presentar los indicadores en forma comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto en el primero de aplicación.

El estado de valor económico generado y distribuido (EVEGyD)

El EVEGyD es la parte cuantitativa del balance social. Se trata de un estado económico-financiero de carácter histórico que muestra, por un lado, cuánto valor económico generó la organización durante el período y, por el otro, cómo distribuyó ese valor entre los distintos grupos sociales que contribuyeron a crearlo: empleados, proveedores, estado, accionistas y comunidad, entre otros. Su fundamento es macroeconómico, ya que busca mostrar la parte que le corresponde a cada ente en la formación del Producto Bruto Interno.

La RT 36 define un modelo específico para este estado, que se incluye como Anexo A de la norma. Ese modelo sirve como referencia concreta para que cualquier organización pueda construir su propio EVEGyD siguiendo una estructura homogénea. Esta homogeneidad es clave: permite que los usuarios externos comparen el comportamiento económico-social de distintas organizaciones con criterios equivalentes.

¿Qué dimensiones abarca el balance social según la RT 36?

Siguiendo el marco del GRI, la RT 36 organiza la información del balance social en torno a tres grandes dimensiones. Cada una de ellas agrupa categorías específicas que las organizaciones deben reportar, siempre con indicadores que permitan hacer visible la evolución de su desempeño a lo largo del tiempo. Comprender estas tres dimensiones es comprender de qué habla el balance social en su totalidad, más allá del dato económico aislado.

• Dimensión económica: Recoge información sobre el valor económico generado y distribuido, las prácticas de compra, la presencia en el mercado y los impactos económicos indirectos de la organización en su entorno.
• Dimensión ambiental: Abarca el consumo de energía y agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos, el impacto sobre la biodiversidad y el cumplimiento de normativa ambiental.
• Dimensión social: Es la más amplia e incluye subcategorías sobre prácticas laborales y trabajo decente, derechos humanos, relación con la comunidad, responsabilidad sobre productos y diversidad e igualdad de oportunidades.

Estas tres dimensiones no son compartimentos estancos. En la práctica, muchas decisiones empresariales tienen impacto cruzado: una política de reducción de emisiones afecta a la dimensión ambiental y también genera consecuencias económicas medibles. El balance social, precisamente, permite capturar esa complejidad y presentarla de forma integrada. Esto lo diferencia de los informes financieros tradicionales, que solo muestran una parte de la realidad organizacional.

¿A qué entes aplica la Resolución Técnica 36?

Uno de los aspectos más relevantes de la RT 36 es su alcance. La norma establece que aplica a todo tipo de ente que haya optado por elaborar un balance social: organizaciones públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro. Esto la convierte en una norma de alcance muy amplio, pensada no solo para las grandes corporaciones, sino también para cooperativas, mutuales, organizaciones sociales y entes estatales.

La RT 36 aclara, además, que hasta tanto se emitan normas específicas para ciertos tipos de entes —como cooperativas y mutuales—, su aplicación admitirá cambios de terminología y adaptaciones relacionadas con la especificidad de cada organización. Esto significa que la norma es flexible en su implementación, pero firme en sus principios: los criterios de calidad de la información no cambian según el tipo de ente, aunque sí pueden adaptarse los términos o algunos formatos específicos.

Desde el punto de vista legal, la situación varía según la jurisdicción y el tamaño de la empresa. Aunque la RT 36 es una norma contable profesional y su aplicación depende de que el ente decida elaborar un balance social, otras normas laborales vigentes en Argentina establecen obligaciones para empresas que superan determinada cantidad de empleados. Conocer los beneficios del balance social para una empresa puede motivar a muchas organizaciones a adoptarlo de forma voluntaria, incluso cuando no existe obligación legal.

Principios de calidad de la información en la RT 36

Para que un balance social tenga validez profesional, no alcanza con presentar datos: esos datos deben cumplir determinados requisitos de calidad. La RT 36 establece que la preparación del balance social debe cubrir los requisitos de la RT 16 y, además, respetar los principios para definir la calidad de elaboración previstos en las guías GRI. Estos dos conjuntos de principios se complementan y forman un estándar de calidad robusto que distingue un balance social profesional de un simple informe de marketing.

• Transparencia: La organización debe revelar los procesos, procedimientos y supuestos que utilizó para preparar la información, de modo que los usuarios puedan entender cómo se obtuvieron los datos.
• Inclusión: El balance social debe reflejar las expectativas e intereses de los distintos grupos de interés (stakeholders) que se ven afectados por la actividad de la organización.
• Verificación: La información presentada debe poder ser comprobada por terceros independientes, lo que le otorga credibilidad y confianza ante los usuarios externos.
• Precisión: Los datos deben ser lo suficientemente exactos como para que los usuarios puedan evaluarlos y tomar decisiones a partir de ellos.
• Comparabilidad: La información debe permitir analizar la evolución del desempeño a lo largo del tiempo y compararla con la de otras organizaciones del mismo sector.
• Claridad: La presentación debe ser accesible y comprensible para los distintos tipos de usuarios que consultan el balance social, sin tecnicismos que dificulten la lectura.

Conocer bien el proceso de elaboración de un balance social ayuda a aplicar estos principios desde el inicio, evitando errores que comprometan la calidad del informe final. Un balance social que no cumpla estos criterios no solo pierde valor informativo: también pierde la posibilidad de ser auditado o certificado por un contador externo, lo que reduce significativamente su credibilidad ante terceros.

La RT 36 y su relación con los estándares GRI

Desde su aprobación, la RT 36 adoptó las guías del Global Reporting Initiative (GRI) como marco de referencia para la elaboración de la memoria de sustentabilidad. El GRI es una organización internacional sin fines de lucro creada en 1997, cuyo objetivo es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Su guía contempla las tres dimensiones del balance social —económica, ambiental y social— y define los indicadores que permiten hacer seguimiento del desempeño en cada una de ellas.

La relación entre la RT 36 y el GRI no es estática. Cuando la norma original fue aprobada en 2012, la referencia era la versión G3 de las guías GRI. En 2016, mediante la RT 44, la FACPCE actualizó la sección correspondiente para que las organizaciones debieran ajustarse siempre a la última versión disponible aprobada por el GRI y publicada en español en el sitio oficial de la Federación. Esto significa que la norma argentina evolucionó para no quedar desactualizada cada vez que el GRI revisa sus estándares, incorporando un mecanismo de actualización automática.

Para profundizar en cómo este tipo de reportes se articulan con otras herramientas de información no financiera, el reporte integrado empresarial ofrece un complemento valioso al balance social, especialmente para organizaciones que buscan comunicar su estrategia y su creación de valor de forma holística. La contabilidad social como disciplina es el marco conceptual que da sentido a todas estas herramientas de medición y reporte.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Resolución Técnica 36 de la FACPCE?

La Resolución Técnica N.° 36 es una norma contable profesional emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) en noviembre de 2012. Establece los criterios para la preparación y presentación del balance social en Argentina, integrando el marco internacional del GRI con los requisitos de calidad de la RT 16. Aplica a todo tipo de entes que decidan elaborar este informe y fue adoptada por los Consejos Profesionales de las veinticuatro jurisdicciones del país.

¿El balance social según la RT 36 es obligatorio o voluntario?

Desde el punto de vista de la norma contable profesional, el balance social es de aplicación voluntaria: la RT 36 se activa cuando una organización decide elaborarlo. Sin embargo, otras normas legales —como la Ley 25.877 en el ámbito laboral— establecen obligaciones para empresas que superan determinada cantidad de empleados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 2.594 fijó obligaciones para empresas de más de 300 empleados con ingresos superiores al umbral PyME. Por eso, la respuesta depende tanto del tipo de ente como de la jurisdicción y del marco legal aplicable.

¿Cuál es la diferencia entre la memoria de sustentabilidad y el EVEGyD?

Son los dos componentes del balance social según la RT 36, pero tienen naturaleza y propósito distintos. La memoria de sustentabilidad es la parte cualitativa: recoge indicadores sociales, ambientales y económicos siguiendo las guías GRI, y describe el desempeño de la organización en esas tres dimensiones. El EVEGyD, en cambio, es la parte cuantitativa: es un estado económico-financiero histórico que muestra cuánto valor generó la organización y cómo lo distribuyó entre sus distintos grupos de interés —empleados, estado, proveedores de capital y comunidad—. Uno complementa al otro para ofrecer una imagen integral del impacto organizacional.

¿Qué información incluye el estado de valor económico generado y distribuido?

El EVEGyD muestra, en primer lugar, el valor económico bruto generado por la organización durante el período —incluyendo ingresos por ventas, ingresos financieros y otros ingresos— y luego deduce los costos para obtener el valor agregado neto. Ese valor se distribuye entre los grupos que contribuyeron a crearlo: empleados (sueldos y cargas sociales), estado (impuestos y tasas), proveedores de capital (dividendos e intereses) y la propia organización en forma de reinversión. La norma exige presentarlo de forma comparativa con ejercicios anteriores para mostrar la evolución de esa distribución en el tiempo.

¿Cómo se relaciona la RT 36 con los estándares GRI?

La RT 36 adoptó las guías del GRI como marco de referencia para la elaboración de la memoria de sustentabilidad. Esto significa que las organizaciones que preparan su balance social según la RT 36 deben seguir los estándares GRI vigentes para definir qué información reportan y cómo la presentan. Tras la modificación introducida por la RT 44 en 2016, la norma argentina establece que debe aplicarse siempre la última versión de los estándares GRI aprobada y publicada en español en el sitio oficial de la FACPCE, lo que garantiza que el marco local se mantenga alineado con la evolución internacional sin necesidad de modificar la norma cada vez.

¿Qué organismos adoptaron la RT 36 en Argentina?

La RT 36 fue aprobada por la Junta de Gobierno de la FACPCE y posteriormente adoptada por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de las veinticuatro jurisdicciones de Argentina, en cumplimiento del compromiso establecido en el «Acta de Catamarca» de 2002. Esa acta establece que los Consejos provinciales se comprometen a sancionar sin modificaciones las normas técnicas aprobadas por la Federación. Por eso, la RT 36 tiene alcance nacional y es aplicable en todo el territorio argentino con el mismo contenido técnico.

¿La RT 36 fue modificada alguna vez?

Sí. En diciembre de 2016, la FACPCE emitió la Resolución Técnica N.° 44, que modificó específicamente la sección C de la RT 36, referida a los niveles de aplicación de la guía GRI. El motivo fue práctico: la redacción original obligaba a modificar la norma cada vez que el GRI actualizaba sus guías. Con la RT 44, se reemplazó ese mecanismo rígido por una remisión dinámica a la última versión disponible, eliminando la necesidad de actualizar la norma con cada nueva versión GRI. Además, se eliminó el Anexo II que contenía las pautas de la guía GRI, ya que esa información quedó contenida en los propios estándares del organismo internacional.

Conclusión

La Resolución Técnica N.° 36 transformó el balance social en Argentina al convertirlo de un informe informal en un documento contable profesional con estructura, principios y criterios definidos. Si estudias o trabajas en contabilidad social, entender esta norma te da las bases para comprender cómo las organizaciones miden y comunican su impacto real en la sociedad, más allá de los estados financieros tradicionales.

Los dos componentes de la RT 36 —la memoria de sustentabilidad y el EVEGyD— te permiten ver una organización desde dos ángulos complementarios: el cualitativo, que muestra su desempeño social y ambiental, y el cuantitativo, que revela cómo genera y reparte valor económico. Aplicar estos conceptos en la práctica implica partir de los principios de calidad de la norma, elegir los indicadores GRI correspondientes y presentar la información de forma comparativa y verificable.

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